Además de la prohibición de establecimientos que
propician la trata de personas, se crean las Oficinas de Rescate y Asistencia
de las víctimas, y una Mesa Interministerial para la elaboración de políticas
públicas, como ámbito permanente de acción y coordinación institucional.
Los diputados del Frente para la Victoria – Partido Justicialista,
analizaron los dos proyectos que fueron presentados por los legisladores Oscar
Sandoval y Claudia Martínez respecto de la erradicación en Santa Cruz de la
trata de personas, partiendo del análisis de la legislación nacional vigente - que
incorporó este delito a los Códigos Penal y Procesal Penal, siendo éstas de orden
público, por lo que no requieren de la adhesión de las provincias – y teniendo
en cuenta las Directrices y Puntos Focales que establece el Protocolo Nacional
para la aplicación de la norma nacional, compromiso de implementación asumido
por el Poder Ejecutivo provincial en los años 2008 y 2012.
En ese sentido, luego de la contraposición de ambos proyectos, y evaluar
en cada punto cuál de las dos alternativas era la mejor de las opciones en lo
que respecta no sólo a la existencia de establecimientos que propician la trata
de personas, sino también la diagramación de protocolos de rescate y asistencia
a las víctimas, se acordó la creación de estructuras gubernamentales que lleven
adelante esta tarea y una instancia en la que se definan, se delineen y se coordinen
políticas públicas para la erradicación de este flagelo.
Es así que dentro del articulado de la normativa que se consensuó, quedó
establecida “la prohibición de la instalación, funcionamiento, regenteo,
sostenimiento, promoción, publicidad, administración, explotación y/o
habilitación comercial bajo cualquier forma, modalidad o denominación de manera
ostensible o encubierta, de establecimientos o inmuebles públicos o privados
y/o locales comerciales bajo cualquier forma, cuando sus propietarios o administradores
obtengan un lucro, ganancia o comisión por la explotación sexual o el ejercicio
de la prostitución ajena, donde se facilite el proxenetismo o cualquier modo de
explotación de personas”.
Se crea a su vez la Mesa Interministerial para la Lucha contra la Trata
y Explotación de Personas y para la Asistencia de las víctimas – bajo la órbita
de la Jefatura de Gabinete de Ministros – con el fin de constituir un ámbito
permanente de acción y coordinación institucional, la que estará integrada por los
ministerios de Gobierno, Desarrollo Social, Salud y Economía y Obras Públicas, las
secretarías de Estado de Derechos Humanos, de Trabajo y Seguridad Social,
subsecretarías de Niñez, Adolescencia y Familia y de la Mujer, como así también
el Consejo Provincial de Educación.
Con relación a los equipos de intervención, se crea la Oficina de
Rescate de Personas Victimas de Trata y de Explotación, en el ámbito del
Ministerio de Gobierno, que implementará en todo el territorio provincial el
Protocolo de Actuación del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de las
personas damnificadas por el delito de trata, conforme a lo establecido en el Anexo
Primero de la Resolución 1932/12 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación.
Entre sus objetivos, se destacan el diseño de “estándares de actuación,
protocolos y circuitos de intervención que contribuyan a prevenir, combatir y
rescatar victimas de trata de personas en concordancia con los Protocolos
Nacionales”; “prever e impedir cualquier forma de re-victimización de las
víctimas de trata y explotación al momento del rescate”; “capacitar y
especializar a los funcionarios públicos de todas las instituciones vinculadas
a la protección y asistencia a las víctimas, así como a las fuerzas policiales,
instituciones de seguridad y funcionarios encargados de la persecución penal y
el juzgamiento de los casos de trata de personas con el fin de lograr una mayor
profesionalización” y “asegurar en la primera etapa de la intervención la
asistencia médica inmediata; psicológica, jurídica y la cobertura de las
necesidades prioritarias de albergue, alimentación y vestimenta velando por la
protección integral de sus derechos, su seguridad e integridad física”, entre
otros.
Así mismo, la Ley prevé la creación de
la Oficina de Asistencia a Personas Víctimas del Delito de Trata y Explotación,
que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social, teniendo como misión
implementar en todo el ámbito de la provincia un Protocolo de intervención que
asegure el cumplimiento de los principios básicos establecidos por el Protocolo
Nacional de Asistencia a las víctimas de trata y explotación y las Directrices
de los Puntos Focales que fueron suscriptos oportunamente por el Gobierno Provincial.
Esta Oficina, velará por “el
restablecimiento y ejercicio de los derechos de las víctimas, por medio de la
implementación de estrategias integrales con enfoque territorial que involucren
las áreas médicas, psicológicas, social, jurídica, educativa y de generación de
ingresos, buscando brindar una asistencia integral de las víctimas”, con una
actuación en dos etapas: la primera, brindado alojamiento, asistencia médica,
atención psicológica individualizada, asistencia social, espacios de
recreación, asesoramiento jurídico, provisión de documentación, condiciones de
seguridad, retorno voluntario asistido; y una segunda etapa, en la que se
implementaran “acciones tendientes al auto-valimiento y empoderamiento de las
víctimas para la reconstrucción de su proyecto de vida”.
Finalmente, se informó que además de los autores de los proyectos,
participaron del análisis realizado en el bloque del Frente para la Victoria,
los diputados Leonardo Álvarez, Stella García, Rubén Contreras, Darío Galbán,
Carlos Albrieu, Silvio Suárez, Martín Paiva, Roberto Fernández, Miguel Guanes y
Jorge Arabel.
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