EL ORDEN DIGITAL

viernes, 5 de septiembre de 2008

COLUMNA DE OPINION

LA VIVIENDA EN DESEADO
Un problema de nunca resolver


Lejos, muy lejos, ha quedado en Puerto Deseado aquella época de los años 83-84, cuando la última etapa del gobierno del brigadier Antonio Diego López inició la construcción de trescientas treinta viviendas por el FO.NA.VI. y entregadas durante la gestión de Arturo Puricelli. En ese barrio "Centenario" sobraban departamentos y faltaban adjudicatarios. Puerto Deseado contaba con unos cinco mil habitantes. Cualquier problema habitacional quedaba resuelto por varios años. Se comentaba por aquellos tiempos que los caudillos del PJ y la UCR contaban con cupos habitacionales para otorgar. La oferta superaba la demanda.
Luego vino el boom pesquero. Mucha gente llegaba por la noche en el transporte terrestre "La Unión", con un bolsito, y en la madrugada ya estaban trabajando en alguna planta. Luego comenzaban a peregrinar en busca de algún albergue. Así se establecieron pensionados informales en casas de familia. Esos nuevos habitantes -que llevaron a la ciudad a una población actual que se estima en más de dieciocho mil personas- fueron trayendo a las familias que ya tenían en otros lugares del país, o constituyeron su grupo familiar en viviendas alquiladas, precarias o no. Este fenómeno determinó la gestión de nuevos complejos habitacionales, que complementaron la incesante construcción privada.
La prueba fehaciente de que algo cambió en Deseado durante aquel tiempo fue que en 1985, cuando el IDUV de Puricelli adjudicó el barrio de 80 viviendas "Aviso Sobral" ubicado en la zona céntrica, un grupo de vecinos reaccionó airadamente con una serie de impugnaciones a la lista enviada desde Río Gallegos. Asambleas populares, telegramas al gobernador de la provincia y al presidente Alfonsín, gestiones que comprometieron al intendente Rafael Gómez Wilson y a los concejales de la época, lograron una reconsideración por parte de las autoridades del instituto de vivienda. Después de un concienzudo estudio, algunos preadjudicatarios fueron eliminados y se elaboró una nueva nómina, que no tuvo mayores cuestionamientos. Un buen ejercicio de la democracia y de la posibilidad de rectificar errores por parte de los gobernantes. Lo cierto es que a esa altura ya había más inscriptos que casas. Los alquileres habían comenzado a elevarse debido a la escasez de inmuebles para ese fin.
Otros complejos habitacionales -con muchos inscriptos, y respuestas insuficientes- fueron habilitándose posteriormente: el barrio Costanera (64 viviendas), el barrio Andrés Randisi (80 unidades), y otros de menor cuantía. Es paradógico que, cuanto mayor es la demanda, los nuevos barrios hayan sido de 50, 51 o 70 casas. Esto se ha complementado, desde hace un tiempo, con los planes de cogestión solidaria, realizados con fondos provinciales y con mano de obra provista por los municipios.
Lo cierto es que, desde hace alrededor de diez años, cada entrega de unidades habitacionales se ha tornado en un debate sin fin y sin solución con respecto a los criterios que deben primar para determinar a quiénes les corresponden. Los nativos de Puerto Deseado que han formado una familia, o han visto crecer a sus hijos y poblar sus casas de nietos, y que no pueden con sus propios medios resolver esta necesidad básica, o que no tienen acceso a créditos hipotecarios, reclaman el concepto de "nacidos y criados" como fundamento básico para sus reclamos. Los que llegaron en las últimas décadas de diferentes provincias y se radicaron, y en muchos casos tienen ya varios hijos deseadenses, se sienten locales y reivindican su posición en tal sentido.
En el año 2004, ante un acto oficial de entrega de setenta viviendas, se produjo una rebelión de quienes se sintieron excluidos o desplazados de las listas de adjudicatarios. Esta queja se tradujo en un campamento ubicado en un terreno contiguo al municipio local, gobernado en ese momento por Arturo Rodríguez. Allí permanecieron hombres, mujeres y niños, en pleno invierno, con carpas y fogones, durante varios días. Todo se resolvió cuando el municipio fue ubicándolos en un nuevo bariro, que quedó consagrado como el de los "Piqueteros". Allí existe inclusive un kiosko denominado así, "Los Piqueteros".
Esta semana, mientras el intendente Luis Ampuero anunciaba por radio gestiones varias para concretar tres planes de ochenta casas, más otras por otros planes nacionales y provinciales, Omar Sondón pateaba el tablero y ocupaba una casa de cogestión solidaria que estaba destinada a la familia de Ezequiel Espejo. Una guerra de pobres que incluyó un principio de hostilidades que no llegaron a mayores, en la madrugada del jueves, cuando la familia Espejo Poblete instaló una carpa frente a la casa ocupada.
En medio de la angustiante situación no faltó el debate político de escaso vuelo. El concejal Raúl Mella atribuyó al intendente Ampuero haber dicho que "no dialogaría con delincuentes". Su par Lidia Gallardo desmintió los dichos de Mella. Los dos reclaman que el Concejo Deliberante pueda participar en este tipo de adjudicaciones, para otorgarles mayor transparencia. La secretaria de Bienestar Social de la municipalidad, Laura Raín, deploró que hubiera "personas que incentivaban a los ocupantes a no abandonar la casa" cuando ya se había llegado a un acuerdo.
Sondón nació en Puerto Deseado y tiene dos hijos. Espejo vive hace diez años y tiene cuatro hijos. Los dos son trabajadores que posiblemente no cuenten con los recursos para construir o comprar su propia vivienda. Según los criterios, a uno puede corresponderle más que al otro. Pero el director de Acción Social, Francisco Nahuelquín, puso blanco sobre negro al revelar que hay trescientos o cuatrocientos interesados para planes de 50 u 80 casas. Los alquileres promedian 1200 a 1500 pesos. El problema no se resuelve, evidentemente, enfrentando a los necesitados ni utilizándolos políticamente, sino acompañando el crecimiento poblacional con planes mucho más ambiciosos, con el cobro estricto de las cuotas para financiar futuros barrios y con el recupero -nunca encarado seriamente- de aquellos inmuebles que han sido utilizados para comerciar o para fines diferentes a los establecidos. Si no se aprende de la historia reciente, volverá a repetirse cada vez con más virulencia.

Mario dos Santos Lopes

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