VIEIRA/ EL JUZGADO FEDERAL HIZO LUGAR A UN PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE LA LEY DE EXPROPIACION; NOTIFICACIONES A PREFECTURA PUERTO DESEADO Y AL INTERVENTOR

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 25 Secretaría Nº 50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que entiende en el Concurso Preventivo de Acreedores de la empresa Vieira Argentina SA, notificó la semana pasada al gobierno de la provincia de Santa Cruz que ha hecho lugar a un incidente dentro del expediente judicial referido a un planteo de inconstitucionalidad de la ley que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación la planta que la firma tiene en Puerto Deseado y los siete barcos que están retenidos en el muelle de esa ciudad.
Es la primera reacción judicial concreta que se da en el marco del proceso iniciado el 5 de septiembre pasado cuando la Cámara de Diputados de ese estado provincial dictó la norma que le arrebató los bienes a la pesquera del grupo español Eduardo Vieira.
La empresa Viera Argentina SA tramita en la Capital Federal un concurso y en ese esquema el juzgado interviniente hizo lugar a una acción de inconstitucionalidad planteado por los representantes de la compañía, en una de las líneas de respuesta que ha iniciado el grupo contra la decisión que adoptó el estado santacruceño. El juez aceptó el planteo y notificó por tanto al gobierno provincial para que responda, en lo que se espera será una larga batalla judicial donde la empresa reclama la restitución de sus bienes confiscados.
Simultáneamente Vieira notificó al interventor que fuera designado por el Ministerio de Producción para tomar el control de la planta procesadora que cualquier acción que lleve adelante y ponga en riesgo o perjuicio de los bienes de la pesquera lo dejará expuesto como responsable solidario ante futuras demandas. Del mismo modo, se remitieron cartas documento a diferentes organismos nacionales y provinciales advirtiendo que la empresa desconoce todos los actos desencadenados por el proceso de expropiación y cuestiona la constitucionalidad de la norma que la estableció, avisando que reclamará por la vía judicial la recuperación de esos bienes.
Estas advertencias tienen por objeto poner sobre aviso a cada organismo que deba intervenir sobre los eventuales movimientos que se pudieran hacer y la cadena de responsabilidades que podría caber en los incipientes procesos judiciales iniciados. Así es que se le comunicó a la delegación Puerto Deseado de la Prefectura Naval Argentina todos estos recaudos y las acciones interpuestas, aconsejando que no se autorice el despacho de ninguno de los siete barcos confiscados en esos muelles.
La flota está compuesta por cinco barcos congeladores tangoneros y dos buques poteros, los cuales están inscriptos con las siguientes Matrículas Nº 0370, 02233, 02323, 0179, 0240, 02568, 02563. Y, entre los ítems que se le hicieron saber a la autoridad de la seguridad naval es que esas embarcaciones no podrán salir a navegar ya que no tienen seguro de ningún tipo por el proceso que puso en marcha la provincia, al tiempo de señalarles expresamente que esos buques no pueden salir a pescar porque no tienen permisos de pesca, ya que las licencias le pertenecen a Vieira Argentina SA, y esas unidades productivas no están hoy bajo su control.
Con todo, estas primeras reacciones ponen en evidencia que la decisión política tomada por el gobierno santacruceño lejos está de poner en marcha toda la estructura productiva de la empresa con el solo hecho de haber dictado la declaración de utilidad pública y expropiación. Y las acciones que derivaren de esas decisiones colocan a otros organismos y personas expuestos directamente a ser objeto de demandas que planteará la firma en defensa de su patrimonio.
A comienzos de noviembre se celebró en Buenos Aires un encuentro entre el ministro de Agricultura Ganadería y Pesca, Norberto Yauhar, el Subsecretario de Pesca de la Nación, Miguel Bustamante, con el ministro de Producción de Santa Cruz, Rafael Gilmartin, precisamente para ver la figura legal que podrían usar para sacar a pescar los barcos poteros cuando a fin de año se inicie la zafra de calamar en la milla 201; en esa reunión también estuvo presente el Secretario General del SOMU, Omar Suárez.
Desde la incautación de bienes que hizo la provincia sureña sobre la planta y los barcos de la empresa que forma parte del grupo español Eduardo Vieira no se ha despachado ningún buque. Y, en todo este proceso será clave en su evolución, principalmente desde el aspecto judicial, qué posición adoptará la autoridad marítima nacional si se pretende mover esos barcos.
Como era de esperar, el procedimiento de expropiación sólo le ha aportado un enorme golpe a la seguridad jurídica a la actividad pesquera argentina, y habrá una extensa batalla judicial en diferentes frentes por parte del grupo español para intentar recuperar sus bienes, además de reclamarle al estado santacruceño la reparación de los daños que a mayor transcurrir del tiempo se contabilizan en cifras millonarias.

Fuente: Revista Puerto