Advertencias y gestiones de Defensa del Consumidor

DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Muchos deseadenses perjudicados por vendedores de «protección eléctrica»

    En la tarde del viernes pasado, gran cantidad de vecinos de Puerto Deseado consultaron, durante una entrevista radial, a la titular local de Defensa del Consumidor, Amanda Acevedo, ante una maniobra poco clara. Representantes de una empresa con sede en Haedo, provincia de Buenos Aires, llamaban a numerosos teléfonos mencionando presuntas referencias de personas conocidas que habrían recomendado al posible cliente. Luego los comprometían para una extensa visita domiciliaria destinada a demostrar las bondades de un sistema de protección eléctrica.
    La Dirección de Defensa del Consumidor informó que «hace alrededor de 3 ó 4 meses, en la localidad se encuentra operando una empresa que no se encuentra habilitada para realizar la venta ambulante, siendo que en la localidad existe una ordenanza  que lo prohíbe, sin la habilitación correspondiente».
  
    Sin garantía, sin factura, sin seguridad
    En este sentido, Amanda Acevedo, titular de esa dependencia municipal, dijo que «no se encuentran habilitados en la localidad» y agregó: «dicen que la garantía del servicio es de por vida, pero no entregan ninguna certificación que afirme esto». «La única garantía que dan es la del producto, pero esta es de un año y no está completa, por lo cual al momento de querer ejecutar la garantía se desconoce en que fecha fue adquirido», denunció.
    Ante la posibilidad de que los perjudicados puedan denunciar estos hechos, la funcionaria destacó que «tampoco entregan factura por la compra del mismo, únicamente una orden de Servicio y recibos que no tienen ninguna validez, por lo cual tampoco sirven para  iniciar una denuncia».
    Según consignó Acevedo, «además le mienten a sus usuarios porque les dicen que “el producto es absolutamente seguro, por eso dan una garantía de por vida, porque son tan seguros que nunca tienen problemas”, pero ocurrieron casos, que al mes se les quemaron cosas».
    Frente a estos perjuicios, que deberían haber sido evitados por el costoso equipo instalado (a un precio de diez cuotas de trescientos pesos, según los recibos que exhibieron algunos damnificados), dijo la directora de Defensa del Consumidor que «al momento de llamarlos y notificarles,  les dicen, por ejemplo, a una señora que se le quemó la computadora “que el servicio que brindan cubre solamente electrodomésticos, no computadoras ni equipos de música, para eso tienen que poner estabilizadores…”.  Refirió también que «a las personas que se les quema algún electrodoméstico les han dicho que seguramente es por mal uso, no por una falla del equipo».
    En cuanto a la metodología de propaganda, indicó que «usan como ejemplos hechos lamentables que ocurrieron en la localidad, muestran  fotos de accidentes,  alarman a la comunidad con frases muy fuertes».
  
    Culpan a Servicios Públicos
    De acuerdo con los testimonios recibidos en el municipio, los representantes de la empresa bonaerense -que no los avaló ni los desacreditó ante los llamados efectuados- habrían responsabilizado a Servicios Públicos Sociedad del Estado por los daños que se produjeron en electrodomésticos. A esta altura, Amanda Acevedo recordó que los vendedores «nunca se presentaron en las oficinas de Servicios Públicos ni dialogaron con su responsable, Oscar Nesprías». Mencionó, asimismo que «este servicio que están ofreciendo se puede adquirir en la localidad a un menor costo».
    Consecuentemente, recordó a quienes reciban llamados  o visitas domiciliarias ofreciéndo productos o servicios, y con más razón si no son de la localidad, que consulten a la Dirección de Inspección General si están habilitados. Destacan que «esta es una medida de seguridad, porque en este tipo de encuestas estamos dando datos personales, les permitimos el ingreso a nuestros hogares, manejan información de nuestros horarios, de nuestro grupo familiar, etc.».
    Finalmente dio a conocer que «esta empresa ya fue notificada que tiene que presentarse en la Dirección de Inspección General para tramitar la habilitación correspondiente o en su defecto presentarse en la Comisaría local», y aclaró que «hasta el momento no lo hicieron».
  
    Daños
    Una vecina de la ciudad que se comunicó con la emisora donde era entrevistada la funcionaria de Defensa del Consumidor, relató que en su ausencia, su cónyuge autorizó la instalación del equipo, por lo que abonó una primera cuota de seiscientos pesos. Ante la decisión de la mujer de prescindir del servicio, le cobraron otros cuatrocientos pesos para retirar el aparato.
    Otros damnificados se hicieron presentes para dialogar con la funcionaria, con los recibos «truchos», en los que no figuran los datos de AFIP (condición fiscal, CUIT, inscripción en la Dirección Provincial de Rentas, etc.) ni tampoco la identificación correcta del representante de la empresa.
    Algunos vecinos declararon haber sido llamados hasta dos veces por día durante un par de semanas,  y otros interrumpieron la entrevista domiciliaria ante el alto costo de los equipos y la falta de un contrato donde se establecieran los derechos y obligaciones de las partes.
    Hasta el momento es imposible determinar cuántos fueron los perjudicados por esta maniobra, ya que en una segunda etapa comenzaron a ofrecer aparatos para la purificación del agua.