El secretario general de la Asociación Docentes de Santa Cruz, Pedro Cormack recordó que el Congreso Provincial del sector definió en diciembre último que peligraría el inicio de clases caso de incumplimiento de los ejes aumento salarial e inversión y previsión en infraestructura y condiciones edilicias.
Tras esa definición del sector gremial, en una convocatoria del Gobierno provincial a una mesa de discusión paritaria, se estableció la continuidad de traspaso del item estado docente al básico, en tres etapas, enero, febrero y marzo, aunque aclaró el dirigente que "eso no condiciona la pauta salarial de 2014", que a su entender deberá definir "un salario indexado y de permanente actualización en base a la inflación y el costo de vida".
En este sentido rechazó Cormack la decisión del Gobierno provincial, tal las expresiones del Jefe de Gabinete Ariel Ivovich, de esperar la definición de la paritaria nacional docente, para llevar adelante la paritaria docente en Santa Cruz, siendo que dijo, "hay autonomía por parte de la provincia para llevar adelante una negociación colectiva", y además, "porque la paritaria docente nacional es cómplice del Gobierno nacional, y el sector gremial afín termina firmando acuerdos por debajo de los niveles de inflación y trata de replicar eso, acordado entre unos pocos, en todas las provincias".
Para el dirigente, "esto no debe suceder en la provincia de Santa Cruz, y más con niveles de recaudación récord en varios ítems, lo que tiene que ser trasladado directamente a los salarios, además de que estos tienen que ser actualizados permanentemente de acuerdo a la inflación".
"Ya no más una paritaria a principio de año, y después olvidarse, cuando es tan importante la inflación que el salario rápidamente se va devaluando", enfatizó Cormack, al tiempo que auguró que haya una convocatoria del Gobierno provincial, "lo antes posible, mientras más se adelanten los tiempos mejor, para no llegar al inicio de clases con negociaciones pendientes".
No obstante aclaró que "si bien hay mandatos que ya quedaron planteados en diciembre, hay otros que debemos definir en un próximo Congreso" que calculó, podrá ser convocado tras la semana de reintegro de los docentes que comienza el lunes 17 de febrero.
El dirigente declinó una convocatoria temprana que se dilate en definiciones hasta el inicio de clases, concluyendo en una propuesta insuficiente y que genere conflictos. Por el contrario dijo que "tiene que haber propuestas y una búsqueda de acuerdos, fundamentalmente por parte del Ejecutivo".
Anticipando un año conflictivo, Cormack destacó la necesidad de unificar un plan de lucha con todos los sectores de trabajadores, Mesa de Unidad Sindical, y todos aquellos sectores que salgan a luchar frente a una negativa a la demanda salarial acorde al costo de vida. Al respecto dijo que la ADOSAC, en cada una de las localidades, hará un relevamiento de ese costo de vida, "para que no sea antojadizo el reclamo, sino que tenga que ver con la realidad".
A todo esto agregó para tener en cuenta a la hora de definir una exigencia salarial en Santa Cruz, el hecho de que en orden a las protestas policiales ocurridas en la última etapa del año anterior en distintos lugares del país, "de pronto se logró un básico de 8 mil pesos".
Al respecto no desdeñó la búsqueda de puntos de acuerdo entre todos los sectores de trabajo, "para que el reclamo se unifique y no quede aislado", más aún teniendo en cuenta que "el sector docente que siempre es un punto de inflexión, donde lo que se acuerda o no acuerda siempre tiene una repercusión hacia los otros sectores, por ser una de las primeras paritarias".
Denuncia penal. En otro pasaje de la entrevista, el dirigente adelantó que la ADOSAC ya está analizando con su asesoría letrada, la ampliación de la denuncia penal contra el gobierno provincial, por una deuda con fondos sindicales que se mantiene, por varios meses del año anterior.
Cormack informó que a la fecha esa deuda pendiente, no obstante el planteo penal realizado el año anterior, asciende a los 3 millones 550 mil pesos, y que al 10 de febrero superará los 10 millones de pesos, y sentenció que "es un hecho ilegal el que realiza el Estado provincial, al utilizar los aportes sindicales de manera impune", mientras cuestionó que "la Justicia al día de hoy no se expide" sobre la denuncia presentada por la ADOSAC.
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