“Es urgente la necesidad de adherirse a la Ley 26.509”
Así lo manifiesta el diputado Fernández para que los productores hagan frente a la emergencia agropecuaria en el departamento Deseado. “Ya ingresó y esperamos en la próxima sesión tener un despacho favorable en comisiones para poder sancionarla rápidamente”, aseguró a Prensa Libre el legislador deseadense.
En la última sesión de la Cámara de diputados de Santa Cruz, el legislador de Puerto Deseado Roberto Fernández presentó un proyecto para que la provincia se adhiera a la Ley de Emergencia Nacional Nº 26.509, por la que se crea el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios. En este marco y tras ser declarada hace más de seis meses la emergencia agropecuaria en la zona del departamento Deseado, es que Fernández dio cuenta de la urgente necesidad de adherirse a la presente ley. “Ya ingresó y esperamos en la próxima sesión tener un despacho favorable en comisiones para poder sancionarla rápidamente”, manifestó el legislador en diálogo con Prensa Libre, donde informaba de la cruda realidad por la que atraviesa el sector, sobre todo en la localidad de Puerto Deseado, a la que ahora se sumó Puerto San Julián. Cabe destacar que la mencionada norma establece los presupuestos mínimos y mecanismos administrativos, legales y financieros que permitan determinar los daños causados por factores climáticos, telúricos, biológicos o físicos que afecten significa-tivamente la producción y/o la capacidad de producción agro-pecuaria. Y para ello se establece en el artículo 16 de dicha norma que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (autoridad de aplicación de la sancionada Ley), destinará inicialmente la suma de $ 500.000.000 al Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agrope-cuarios (FONEDA).
Fundamentos
Cabe recordar que días atrás este mismo medio entrevistó a la presidenta del Consejo Agrario Provincial (CAP), Silvia Batarev, quien daba cuenta también de la problemática vigente en Deseado y la necesidad urgente de la homologación de dicha emergencia, para oxigenar a los productores locales y su escasa rentabilidad de los últimos tiempos.
Consultado al respecto, Fernández manifestó que “la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) y las sociedades rurales de la zona de emergencia han realizado distintos relevamientos y análisis sobre esta situación, y dieron a conocer que esta financiación es muy necesaria sobre todo para hacer frente a la compensación al peón rural y la continuidad de inversión en la actividad rural”.
Es importante mencionar que el legislador es, desde siempre, un productor rural en su localidad, lo que denota el conocimiento que tiene en este sentido y por lo tanto la necesidad de acción al respecto, ya que la sequía que afecta a la zona es preocupante, “ya no es solamente Puerto Deseado, dentro del mismo departamento se complicó mucho la zona de San Julián” .Manifestaba a la vez que destacaba esta ley porque “con todo esto podemos empezar a pelear los fondos en Nación”. Cabe recordar que por tal motivo el Gobierno Provincial, a través del Decreto Nº3186/ de fecha 08/12/08, había declarado el estado de emergencia o zona de desastre al departamento Deseado por el término de un año por razones de sequía”. La mencionada declaración no ha sido homologada conforme al mecanismo de la derogada Ley 22.913 (art. 34º de Ley 26.509) por lo que los beneficios subyacentes de aquella ley resultan hoy meras enunciaciones, algo que declaraba tiempo atrás Silvia Batarev.
En este marco es que existe hasta el momento la Ley Provincial 1.874, que establece un Régimen Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario, que resulta necesaria adecuarla a la nueva legislación en la materia, en función a las nuevas variables que pueden contemplarse en mediciones de efectos y consecuencias de los fenómenos que se pretenden mitigar. Por ello es que Fernandez solicita que “a los fines de agilizar la homologación y la probable prórroga de la emergencia para el departamento Deseado, resulta conveniente la derogación de la Ley 1874 facultando al Consejo Agrario Provincial a proyectar una nueva herramienta en la materia, es decir un nuevo Régimen Provincial de Emergencia y Desastre Agrope-cuario”.
Consejo Agrario
En el proyecto del diputado Fernández se establece que se designe al Consejo Agrario Provincial como organismo representativo, interviniente y vinculante ante el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios – Consejo Consultivo de Emergencia Agropecuaria y Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios y Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios ( FONEDA). Además se faculte a este organismo a dictar normas aclaratorias, interpretativas y complementarias, como así también a proyectar aquellas modificaciones que permitan establecer un nuevo Régimen Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario. “En mi zona la propuesta más desarrollada es la mejora del matadero, pero algo que también se le presentó a la presidenta del consejo Agrario es un proyecto para armar un trabajo (en el ONCAA), de modo que el mismo productor carnicero pueda faenar su propio ganado y llevarlo al frigorífico y venderlo en las carnicerías (respetando la condiciones de higiene), logrando de este modo más rentabilidad al productor y disminuir el precio al consumidor final”. Cabe mencionar además que la principal actividad en esta zona es la producción lanera y que existe en la actualidad la “Ley Ovina”, lo que permite sacar créditos para financiación de estas actividades. Sin embargo la misma está por caducar y ya se está solicitando su extensión, “pero lo que reclamamos en Deseado es otro tipo de ayuda, porque esos son préstamos y hoy se complica mucho cumplir sus obligaciones por la baja rentabilidad y el productor se mete porque no hay otra alternativa”.
PRENSA LIBRE
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