En cuatro años, de 2000 trabajadores que tenían las plantas pesqueras, apenas quedarían unos 700, según indicó el secretario general de la STIA, Víctor Aguilar a la revista Puerto.
Esa es la razón por la cual en el encuentro realizado la semana pasada en Buenos Aires, el freno a los despidos o incentivo a retiros voluntarios fue el tema prioritario no sólo para el gremio sino también para las autoridades locales de Puerto Deseado que, junto a las autoridades provinciales participaron con las empresas del sector de dicho encuentro, que continuará en Río Gallegos el próximo 7 de marzo.
Concebida por el menemismo, la ley federal de pesca determinó cómo el Estado argentino repartiría sus recursos pesqueros: en propiedad y por quince años, entre los empresarios del sector y bajo cinco consignas a cuantificar. Esos parámetros fueron: Permiso de pesca legal, capturas históricas, mano de obra efectivamente ocupada, ausencia de infracciones e inversiones realizadas, todos entre 1989 y 1996.
Preocupa en Puerto Deseado que baja la mano de obra en tierra, son cada vez menos las plantas de procesamiento en pie, y las que subsisten se mantienen lo hacen con la mínima cantidad de obreros ocupados, y desde fines del año pasado varias de las pesqueras negocian con sus empleados la desvinculación laboral voluntaria, mecánica que ha sido aceptada por muchos ante la incertidumbre del sombrío panorama que ofrece la actividad y es lo que hoy se busca revertir.
“Tenemos un comienzo de año muy complicado en Santa Cruz”, señaló Aguilar, quien interpretó que el achicamiento de la mano de obra ocupada en el sector pesquero obedece, entre otras cuestiones, “a la falta de políticas claras en materia laboral” ya que sostiene que en la Provincia “hay muchos vacíos legales y falta de exigencias que hace que las empresas puedan hacer lo que quieran acá, y los trabajadores están desprotegidos”, indicó.
LA OPINION AUSTRAL
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