SEGUN EL DIPUTADO LEONARDO ALVAREZ LA VISITA DEL MINISTRO GILMARTIN DEJO MAS DUDAS QUE CERTEZAS

Una vez finalizada la reunión a la que fueron citados funcionarios provinciales para dar cuenta del proceso de expropiación de la firma pesquera Vieira Argentina, los diputados del Frente para la Victoria Leonardo Álvarez y Jorge Arabel, se manifestaron sobre la situación de precariedad laboral de los trabajadores. Al respecto, Leonardo Álvarez señaló que “de la presentación nos quedó claro que, independientemente de la voluntad que tuvo este parlamento al sancionar la Ley que declaró la utilidad pública de los bienes de Vieira, sujetos a la expropiación en septiembre de 2012, buscando otorgar mayores certezas a los trabajadores respecto de su futuro laboral, y garantizar la producción del recurso, estamos viendo que ninguno de esos objetivos fue alcanzado: ahora estamos metidos en un complicado litigio judicial, con los trabajadores en sus casas, siete barcos y dos plantas paralizadas, que en teoría deberían garantizar la producción y utilidades, y sin saber qué medidas piensa aplicar el Ejecutivo para resolver esta situación”. Independientemente del proceso judicial, Álvarez consideró que “es necesario que el Poder Ejecutivo se ocupe de garantizar estas fuentes laborales, si bien no sabemos a ciencia cierta cuántos son los trabajadores que están en esta situación de incertidumbre” y en particular sobre “las prestaciones sociales y ante riesgos de trabajo”. Es que el paso del responsable de la cartera productiva provincial, “despertó más dudas que certezas: se habla del pago de alquileres por barcos que están en proceso judicial por parte de un empresario de Caleta Olivia hacia funcionarios, en una actuación que pareciera ser totalmente ilegal”, agregó el legislador Jorge Arabel, quien se sumó al pedido “preservar los puestos de trabajo. Es importante que las familias de estos trabajadores salgan de esta incertidumbre”, ya que “se habló de pagos en negro, sin cuentas sueldos ni recibos, algo que consideramos denigra al trabajador y que no debería ser una práctica propiciada por el propio Poder Ejecutivo”, concluyó.