EL ORDEN DIGITAL

Las marchas en Caleta Olivia ya suman a más de 1.000 personas




Dirigentes políticos de Caleta Olivia y de Puerto Deseado le pidieron al Poder Ejecutivo provincial que convoque urgentemente a una mesa de diálogo para analizar el futuro de la pesca artesanal.





A medida que crecen los problemas económicos para las familias vinculadas a la pesca artesanal de Caleta, aumenta el número de manifestantes por las noches.Caleta Olivia (agencia)



El miércoles, mientras empezaba la primera jornada de bloqueo a un buque petrolero en el caladero caletense, el intendente Fernando Cotillo se reunía con los diputados Eugenio Quiroga, Rubén Contreras y Roberto Fernández (legislador por municipio de Deseado) para analizar la situación. Se pusieron de acuerdo en que la misma es delicada y en que el Ejecutivo provincial debería convocar a una mesa de diálogo en la que estuvieran presentes los representantes de Pan American Energy (a quien se sindica como la responsable de la merma de la presencia de merluza en la zona) y de la flota amarilla.



En tanto, ayer siguieron los infructuosos intentos de Termap SA para lograr aproximar el buque tanque hacia la monoboya de amarre y conectarlo a la manguera que carga petróleo. Las pequeñas embarcaciones de la flota local se plantaron en semicírculo, a prudente distancia del buque.



SIN REMOLQUE



A su vez, en el ingreso al puerto Caleta Paula un grupo de estibadores de las banquinas chicas y grandes quemaron gomas y no permitieron que entrara ningún operario de la empresa encargada del amarre y el remolque del petrolero, el cual a su vez permaneció anclado en rada. Así, las dos lanchas y el remolcador para esas operaciones no pudieron salir del recinto portuario.



En tanto, cada vez son más los ciudadanos que se suman a las manifestaciones nocturnas por las avenidas y acompañan a los barcos pequeños que, desde el mar, lanzan bengalas. La situación se vive ya en la vida cotidiana de esta ciudad, puesto que es imposible encontrar pescado en los comercios del rubro y porque los centenares de fileteros no reciben la materia prima para trabajar.



Uno de los grupos más perjudicados es el que componen las cooperativas que antes trabajaban para Barillari. Este conjunto de personas venía de un proceso desgastante, sin percibir salarios. El gobierno provincial procedió a la expropiación de la planta a fines del año pasado debido a que la firma privada había incumplido con el Estado y los trabajadores, y cuando todo parecía encarrilarse ahora se les aparece a los operarios este grave problema.



INFORMES



En cuanto a lo que debería hacer el Ejecutivo, el diputado Fernández dijo que en la futura mesa el gobierno santacruceño debería poner sobre el tapete “todos los informes que se tienen desde la Subsecretaría de Pesca y la de Medio Ambiente, y de la consultora privada que estuvo trabajando” cuando se hizo la prospección sísmica del buque Western Patriot.



El legislador recordó que hace un año y medio él había advertido sobre lo que podría pasar con la prospección petrolera en el litoral marítimo del Golfo San Jorge. En 2008 -un año antes del trabajo del barco contratado por PAE- había presentado el proyecto de ley 134/2008 en donde se plantean exigencias a las operadoras petroleras que quieran explorar el mar. Este proyecto, desde aquella época, permanece en la Comisión de Recursos Naturales.



Fernández rememoró que en el artículo 8 de su proyecto se estipulaba que las compañías petroleras debían “efectivizar un depósito como fondo de garantía por posibles daños ambientales o perjuicios a terceros”.



Además, proponía que se conformara una comisión técnica entre representantes de la empresa exploradora offshore, la UNPA, la UNT y por los organismos provinciales involucrados en la cuestión, como las subsecretarías de Pesca y Medio Ambiente, para que elaborara una “guía de procedimientos” para disminuir el impacto ambiental y social en la población costera.



Incluso, para anticiparse a cualquier problema, Fernández había incluido un artículo en donde se instaba a las operadoras a “proveer de planes de contingencia, de mitigación o de resarcimiento” si ocurriese algún perjuicio o devastación en la zona de operación, “basándose en lo establecido en la ley nacional 25.137”.



Desde Buenos Aires, asimismo, el subsecretario de Pesca de Nación, Norberto Yauhar dijo ayer al programa radial “Voces y Apuntes” que “hay que ser cautelosos” y esperar el informe que en 15 días presentará el INIDEP.



Yauhar no quiso arriesgar otra opinión sobre el tema y además aclaró que la circunstancia se da en aguas con jurisdicción provincial.

EL PATAGONICO