POR EL DECRETO DE INTERVENCION, VIEIRA ANALIZA DEMANDA MULTIMILLONARIA CONTRA EL GOBIERNO DE SANTA CRUZ

La empresa analiza presentar un amparo que suspenda los términos de la intervención y planea recurrir si es necesario hasta la Corte Suprema de Justicia. El decreto del gobierno de Santa Cruz sería inconstitucional y la Provincia se expondría a una demanda multimillonaria.
Ante la inusual embestida por parte del gobierno de la provincia de Santa Cruz contra la pesquera Vieira, filial en Argentina del grupo español Eduardo Vieira, al dictar la intervención de la empresa privada mientras la Legislatura tramita un proyecto de expropiación, era de esperar una fuerte reacción de parte de los inversores en defensa de sus intereses que consideran vulnerados.
El equipo de letrados que tiene a su cargo el patrocinio de la sociedad anónima analizaba ayer varias vías recursivas para frenar la medida impuesta por el Estado santacruceño, y ni bien el Decreto N° 1737/12 que tiene estampadas las firmas del gobernador Daniel Román Peralta y el ministro de Producción, Rafael Gilmartin sea publicado en el Boletín Oficial, serán incoadas las presentaciones judiciales atacando la legalidad y constitucionalidad del instrumento público que ordenó la intervención.
Una de las primeras acciones podría tratarse de un “amparo judicial” que contenga términos suspensivos sobre la parte resolutiva del decreto, al tiempo que las acciones judiciales de la compañía de capitales vigueses se orientarían, por otro lado, a cuestionar la constitucionalidad del decreto por afectar la propiedad privada, aunque también se atacará la cuestión jurisdiccional, intentando demostrar que el Poder Ejecutivo Provincial no tendría facultades para retener, confiscar y disponer de buques pesqueros de matrícula nacional, a lo sumo podría quitarle las licencias de pesca cedidas por Santa Cruz.
Es de esperar que por delante se abra extensa batalla en los tribunales provinciales y del fuero federal, al punto que los accionistas de la pesquera estarían dispuestos a llevar sus reclamos hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación de ser necesario, y ante tamaña decisión adoptada por el gobierno de la provincia patagónica, evaluaban entablar una demanda contra el Estado santacruceño que podría costarle caro a los intereses provinciales.
Es tal la magnitud del hecho que el gobierno español podría formalizar, en los próximos días, una queja ante la Cancillería Argentina por la afectación de los capitales ibéricos de cuya propiedad es la sociedad Vieira Argentina.
En concurso de acreedores
Con todo, la empresa presentó en un juzgado de la Capital Federal el martes 28 de agosto, un día después que el gobierno de Santa Cruz firmó el decreto de intervención, una solicitud para que se abra un concurso preventivo. “Tras doce años de trabajo ininterrumpido tomando como base de operaciones a Puerto Deseado para generar producción y empleo en la Provincia de Santa Cruz, hoy Vieira está siendo asfixiada por medidas de dudosa legalidad que ponen en peligro la continuidad de esta fuente de trabajo y la garantía de cobro de sus acreedores”, advirtió ayer la compañía a través de un comunicado oficial.
“Desde el inicio de la temporada 2012 de langostino se intentó destrabar el conflicto gremial que impedía la salida de los buques, pero ninguna propuesta fue aceptada por los dirigentes políticos y gremiales, a pesar de que la situación se agravaba día a día para los trabajadores y para su empleador. Incluso rechazaron la posibilidad de dar en locación 4 tangoneros a otra armadora, quien tomaría a su cargo a las tripulaciones, garantizando el pago de los salarios a devengar”, indicaron al explicar las alternativas que ofrecieron.
Ante este escenario Vieira Argentina S.A. “informa que en fecha 28-08-2012 se presenta en concurso preventivo, el cual tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 25 Secretaría Nº 50, sito en Callao 635, piso 4, CABA. Las razones que empujaron a tomar esta decisión se centran además en el concurso obligatorio que presentó Sociedad Anónima Eduardo Vieira el día 17/07/2012 en Pontevedra, España”, añade el pronunciamiento de la firma.
Por otra parte, la pesquera alegó los problemas que afectan su competitividad y recordó la inyección de capital que hicieron en Santa Cruz. “Desde el año 2000 hasta hoy se han invertido en la Provincia muchos millones de pesos en ampliación y mejoras de infraestructura, mantenimiento de la flota, armado de buques, salarios, compras a proveedores de bienes y servicios locales, soportando los permanentes incrementos en los costos internos de producción. A pesar de ello, incluso se construyó el primer buque 100% patagónico y deseadense -Tabeirón Tres, mat.02365- botado el día 18/03/2005 por el entonces Presidente de la Nación, Néstor Kirchner”, precisaron.
“No obstante la situación descripta, el Directorio considera que la empresa es viable y realizará sus mayores esfuerzos para continuar en marcha”, concluye.
Paz social en riesgo
En tanto, el polémico Decreto N° 1737 fechado en Río Gallegos el 27 de agosto de 2012 y firmado por el gobernador Daniel Peralta, fundamenta en los considerandos que recibió un informe de la Subsecretaría de Pesca y Actividades Portuarias donde explica que “la firma tiene como antecedente a la empresa Pescasur SA, empresa ésta que se radicó en Puerto Deseado en la década del 1970 y desde el año 2000 esa explotación fue traspasada a Vieira Argentina”.
Además, reseña que “la filial Puerto Deseado posee instalados una planta frigorífica de productos pesqueros, con cinco buques congeladores tangoneros, a los que actualmente se le deben anexar dos buques poteros, y contando con un plantel aproximado de 100 personas en planta y alrededor de 250 personas embarcadas”.
Peralta argumenta que “la situación se agudizó por completo toda vez que los trabajadores comenzaron a recibir los telegramas remitidos por la empresa por los cuales se les notifica el despido. Este particular contexto ha generado un serio cuadro de crisis en la zona, poniendo en serio riesgo la paz social en razón a la absoluta falta de responsabilidad legal y social de la empresa, desentendiéndose de las obligaciones que como empleados les incumbe”, esgrime el decreto.
Así, agrega: “Dispónese la intervención transitoria de la filial local de la firma Vieira Argentina SA, la que incluirá los establecimientos principales, la planta de procesamiento de productos de mar e inmuebles conexos, los buques pesqueros y la totalidad de los bienes útiles por un plazo de 60 días con posibilidad de ampliarla por el plazo que sea necesario, con el fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa y la preservación de sus activos, y procurar la preservación de las fuentes de trabajo”, conviniendo que “la Honorable Cámara de Diputados ha iniciado el trámite legislativo correspondiente a los fines de debatir un proyecto de Ley por el que se declare la utilidad pública y sujeta a expropiación al establecimiento instalado en Puerto Deseado”.
Por Nelson Saldivia
30/08/12
REVISTA PUERTO