Por estos momentos se debate en la Provincia – con impacto mediático en el País – por su portación de apellido – la situación de Santa Cruz.
En medio de semejante crísis, y por haber instalado a lo largo de estos 9 años, la delgada línea imaginaria que separa a los que están con o contra del gobierno, muchos de los actores sociales, como si no existieran matices, buscan colocarse elegir de acuerdo a sus convicciones y otras veces de acuerdo a la conveniencia de los intereses que se representa.
Con estas posiciones irreductibles, se trata de clausurar el debate, la confrontación de ideas, la existencia de grises, de terceras posiciones y/o miradas, para configurar un escenario de daltónicos.
Pero no todo resulta tedioso y aburrido, porque aparecen situaciones imprevistas que, tomadas con responsabilidad, coadyubaran a la comprensión política de PORQUE ESTAMOS ASI; es cuando toman visibilidad las mezquindades, lo acomodaticio, la especulación y los mercaderes de la actividad.
Nadie quiere perderse – y es legítimo que sea así – plantarse en la contienda, variando de acuerdo a la dimensión de su estructura, su colocación en el terreno de disputa.
Así la información puesta en crudo, en la selva de medios de comunicación oficiales, privados y/o alternativos como las redes sociales, tiene un impacto inmediato que es la puesta en conocimiento de una situación en particular; cuando ello ocurre es posible que la opinión pública tome cuenta de la misma y procese el mensaje que se intenta transmistir; para ese interlocutor tambien existen escasas chances de ánalisis independiente, por los condicionamientos del hecho cultural instalado como parte del relato, que divide aguas.
Siendo muy dificil abstraerse del tal imposición, la profundidad quedará circunscripta a verificar la coherencia del opinante.
La Constitución Provincial de Santa Cruz , en la Sección Octava – incluye el Juicio político – artículo 137 – El Gobernador, el Vicegobernador, sus reemplazantes legales, cuando ejerzan el Poder Ejecutivo, los Ministros y los Magistrados del Tribunal Superior de Justiciaa están sujetos a juicio político.
El artículo 138 establece cuales son las causales para ello, previendo entre otros – 3 – Falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.
En las últimas dos semanas, a raíz de la pelea entre el Gobierno Nacional y Provincial, distintos referentes partidarios y sociales; se pronunciaron publicamente, esta vez en medios de comunicación oficial, que hasta este momento le estaban vedado, obedeciendo tal cambio de actitud, a la defensa del interes sectorial.
Buena parte de las declaraciones se sostienen en un falso discurso defensor de la institucionalidad, para disimular la voltereta política de quienes hasta hace unos días despotricaban sobre el gobernador, pareciera que un estado de amnesia colectiva se ha apoderado de sus mentes contestatarias.
Estas contradicciones de “dirigentes” se agravan, cuando sus expresiones tienen como depositarios a la gente, pero además por sus carácter de profesionales vinculados al derecho: así deslizaron frases como:
“Conozco a Daniel Peralta a nivel personal pero además me corresponde apoyarlo en su institucionalidad.
“….. facilitar al mandatario provincial mantener la gobernabilidad”
“Lo que sucede es anticonstitucional”
“Se tienen que respetas las instituciones y el voto de los santacruceños”
“Institucionalmente es una jugada ilegal….”
“Repudiamos los intentos de desestabilización institucional” “no hay desestabilización”
“Respetar la institucionalidad”
“Se están llevando las cosas al límite de inducir la renuncia del gobernador”
“Seria sano poner nombre a quienes desestabilizan”
La suma de estas y muchas otras manifestaciones lanzadas como toma de posición, es una mirada política corta y mezquina, buscando complacencia con el iderario popular o en el sentido común, donde frente a una puja determinada, la gente se pone del lado del más debíl; sin embargo no es otra cosa que la garantía de impunidad en este caso a PERALTA con la pretensión de colocarlo como una víctima, cuando en realidad es uno de los responsables de los padecimientos de nuestro Pueblo.
En los extremos de la falta de cumplimiento a los deberes a su cargo, prevista como causales de juicio político, se encuentran entre otros.
- calcular un deficit en 1.570 millones y finalmente establecer el real en 2.696 millones
- no pedirle a los municipios el pago de aporte a la CPS
- transferir los recursos naturales, prorrogando contratos – ej. Panamericam Energy - y despues mandarlo a la HCD
- no presentar la ejecución presupuestaria
- autorizar gastos en publicidad por cifras millonarias cuando se argumenta emergencia económica.
- gastos exhorbitantes en mantenimiento de Casa de Gobierno y Residencia entre otras.
- los increibles supuestos gastos en la canasta familiar del gobernador, para su dieta de polenta, bifes, frutas y verduras.
- el vino en tetra que “amigos” sacan a su nombre, por caso una boleta por $ 66.000.
- Denuncias por presunto lavado de dinero ante la UIF.
- Desobedecer un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion que ordena reincorporar al procurador destituido, Eduardo Sosa.
- Negarse a declarar en el juzgado federal semanalmente por el caso sosa.
Cuando PERALTA declara que “el único que me puede sacar a mi de esta casa de gobierno es el pueblo”, estamos en presencia de un acto demagógico, que potencia el conflicto, intenta trasnferirle responsabilidad a la gente, a la misma que nunca consulto frente a la andanada de desaciertos, hace apología, etc. Pero además desconoce las bases donde se sostiene el sistema democrático en un Estado de Derecho, el cumplimiento de la Ley.
Recorrer las calles con montaje previo, convocar a conferencia de prensa para todos y todas, reinaugurar la comisaria del barrio San Benito, abrazos y besos cuan bailantero con su club de fans, recorridas interminables, notas y conferencias, que incluyen frases extorsivas “si yo hablara..” son parte de una lógica de blindaje frente al divorcio sin retorno de una boda realizada bajo el slogan NACION-PROVINCIA-MUNICIPIO.
Mientras los funcionarios se amparen tergiversando el contenido de la palabra institucionalidad, para protegerse de sus fechorías, irresponsabilidades, delitos y otras yerbas, no habrá República, Justicia, ni rendición de cuentas, la constitución será letra muerta y los gobernantes tendrán la posibilidad de hacer lo que se les plazca.
Luis “Angelito” Gonzalez, Candidato a Diputado CCARI
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