El diputado radical Héctor Roquel cuestionó la forma en que se realizó la expropiación de la empresa Vieira al decir que «esto no paso por comisiones, no hubo posibilidad de acceder a información que decían algunos diputados del oficialismo tener puntualmente el diputado Fernández de Puerto Deseado decía que tenia la lista de acreedores, dio algunas cifras pero yo pedí que se presente eso para que sea analizado en comisión». «La cámara sancionó una de las situaciones de mayor gravedad me parece desde el punto de vista del estado del derecho con la ligereza que se actuó para apropiarse o quitarle el ejercicio al derecho de propiedad a una empresa y lo más grave es que no sabemos para entregársela a quién, porque yo pregunté si ellos prometían que esto era la solución para los trabajadores de Vieira». «Para los trabajadores la solución es que los buques salgan a pescar, que traigan los pescados y que ellos puedan trabajar en la planta. Realmente no tuve respuesta de a quién les iban a entregar estos buques para que salgan a operar y entre las modificaciones que se le hizo es una modificación al artículo tercero donde creaban a una comisión con los trabajadores, con los sectores que tienen vinculación con sectores proveedores de esta empresa, con el municipio de Puerto Deseado para con esa comisión definir el destino de esta empresa expropiada y quien la explotaba», dijo, mencionando que «le agregaron ese artículo que la decisión de esa comisión no es vinculante o sea que hay cosas que realmente a uno lo hacen sospechar cuando diputados del oficialismo mismo afirman en el recinto que esperan que esto sea a favor de los trabajadores y no de algunos pícaros que viven alrededor de la industria pesquera».
Contradicciones
Roquel agregó que «cuando uno le quita la propiedad a la gente, uno no se está quedando con la propiedad, le está quitando libertades y realmente creo que es lo que ha pasado hoy porque, claro, con un sentido práctico de conquistar la voluntad de la gente se habla que están a favor de los trabajadores y a mí me parece perfecto pero en un estado de derecho son tan sujetos del derecho las personas físicas como las personas jurídicas que son las sociedades. Quizás hoy se ha vulnerado el derecho de una persona de carácter jurídico que ellos dicen que viene cometiendo faltas en contra de los intereses de la sociedad, de los trabajadores, de la comunidad de Puerto Deseado hace mas de 10 años pero resulta que ellos mismos afirman que esta empresa con toda esa deuda que tiene en el periodo 2007 – 2011 exportó 100 millones de dólares y confiesan que Servicios Públicos no le cobra la luz, que la municipalidad le puso plata, que la provincia le puso plata, que ellos no le pagan a los proveedores, que no pagan los permisos de pesca, el canon y entonces digo ¿dónde estaban las autoridades que tienen que controlar esto? La culpa no es del chancho si no del que le da de comer y precisamente el diputado de Puerto Deseado los cuatro años anteriores en ese periodo que esta empresa exportó según ellos casi 100 millones de dólares estaba sentado en esa legislatura y yo me tome el trabajo de repasarlo durante estos 4 años y este hombre no hizo ninguna denuncia y hoy viene directamente a quitarle la propiedad a una empresa no sabemos para dársela a quien todavía porque yo insistentemente pregunte y ninguno lo supo.Hoy, curiosamente, hablan de la seguridad jurídica de los trabajadores pero cuando querían cobrarle un canon a la corporación minera hablaban de la seguridad jurídica de las empresas mineras entonces cambian de opinión con mucha frecuencia».
A su juicio este procedimiento «no da certezas a nadie y mucho menos a los trabajadores de la firma. El estado se va a hacer cargo de una deuda que no conocemos cuánto es pero seguramente por lo que dijo el diputado Fernández mucho mas de 30 millones de pesos, un activo que hay que pagarlo que yo no tengo idea pero hablar de 7 buques pesqueros mas una planta debe ser una cifra importante».
«A partir de que se publique en el Boletín oficial el Poder Ejecutivo tiene un plazo dentro de los 30 días subsiguientes para iniciar las acciones judiciales para la expropiación. De cualquier manera por un decreto que no fue refrendado por la legislatura la empresa ya está intervenida por el poder ejecutivo, situación también desde el punto de vista legal bastante cuestionable pero yo espero que ese interventor tenga la capacidad de darle alguna respuesta a los trabajadores», finalizó.
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