Luego de que en la Cámara
de Diputados se estudiara la posibilidad de enviar a comisiones el veto
del Ejecutivo al Artículo 2 de la “ley Arabel”, el presidente del
Concejo Deliberante de Río Gallegos, Pablo Fadul volvió a criticar el proyecto, indicando
que deberían tirarlo “al tacho de basura y hacer una nueva”. Volvió a
poner en crítica la cantidad de dinero que podría percibir la capital
santacruceña, comparándola con otras localidades como Piedra Buena o
Caleta Olivia.
Es necesario recordar que días atrás, por ejemplo, la
Unión Cívica Radical presentó una solicitada en TiempoSur poniendo de
manifiesto el descontento y malestar por la Ley de Financiamiento a
municipios y su veto en el artículo dos de la misma.
“En realidad lo
que nosotros siempre dijimos es que es una ley improvisada, lo único
que hace es blanquear la discrecionalidad del Gobierno provincial a la
hora de ayudar a los municipios” señaló ayer Fadul a este medio,
indicando que “forma parte de un manejo que hace el Gobierno con
respecto a premiar a quienes peor hacen las cosas y castigar a quienes
administran con responsabilidad los dineros de las ciudades. Insistimos
que la Cámara debería derogar la ley, no solamente no aceptar el veto,
sino agarrar la ley, tirarla al tacho de basura y hacer una nueva”.
Diputados
En el legislativo provincial, los diputados Roquel y Bubola son los
representantes de la UCR. “Opinan lo mismo que yo” señaló Fadul,
puntualizando que fueron claros en sus alocuciones, es una ley que lo
que hace es blanquear la discrecionalidad del reparto de dinero. Se
beneficia a los adeptos al Gobierno provincial. Debe haber un sentido
más equitativo para repartir, para que de esta manera sea parejo el
dinero que ingrese per capita. No podemos pensar que Piedra Buena reciba
esa cantidad de dinero con tan pocos habitante” explicó el
entrevistado.
Reparticiones
Uno de los artículos que tuvo
mayor impacto negativo en el bloque radical es el número 4. El mismo
indica que “El Estado provincial asistirá financieramente a los
municipios solo en aquellos casos en los que como resultado de su
política salarial se otorguen incrementos de sueldo a la totalidad de
los empleados públicos, quedando exceptuados de hacerlo a aquellos que,
como parte de su política local, decidan aumentos salariales por su
cuenta, incremente su planta de personal y/o acuerden el pago de
adicionales especiales”.
TIEMPO SUR
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