ANTE LA INTERVENCION DISPUESTA POR EL GOBIERNO SANTACRUCEÑO VIEIRA PODRIA INTERPONER UN AMPARO JUDICIAL Y HABRIA QUEJA FORMAL DEL GOBIERNO ESPAÑOL

 Mientras esta semana fue puesto en funciones el interventor de la empresa Vieira en Puerto Deseado, Diego Marzioni, la revista especializada "Puerto" mencionó gestiones de sus abogados para iniciar una millonaria demanda contra la Provincia de Santa Cruz. Indican también que el gobierno español podría formalizar una queja ante la Cancillería.
 El periodista Nelson Saldivia, de la revista marplatense "Puerto", afirma en un artículo que "la empresa analiza presentar un amparo que suspenda los términos de la intervención y planea recurrir si es necesario hasta la Corte Suprema de Justicia". "Ante la inusual embestida por parte del gobierno de la provincia de Santa Cruz contra la pesquera Vieira, filial en Argentina del grupo español Eduardo Vieira, al dictar la intervención de la empresa privada mientras la Legislatura tramita un proyecto de expropiación, era de esperar una fuerte reacción de parte de los inversores en defensa de sus intereses que consideran vulnerados", sostiene.
  Según Saldivia "el equipo de letrados que tiene a su cargo el patrocinio de la sociedad anónima analizaba ayer varias vías recursivas para frenar la medida impuesta por el Estado santacruceño, y ni bien el Decreto N° 1737/12 que tiene estampadas las firmas del gobernador Daniel Román Peralta y el ministro de Producción, Rafael Gilmartin sea publicado en el Boletín Oficial, serán incoadas las presentaciones judiciales atacando la legalidad y constitucionalidad del instrumento público que ordenó la intervención".
 
 Constitucionalidad
 Anticipa luego que una de las primeras acciones del equipo jurídico "podría tratarse de un “amparo judicial” que contenga términos suspensivos sobre la parte resolutiva del decreto, al tiempo que las acciones judiciales de la compañía de capitales vigueses se orientarían, por otro lado, a cuestionar la constitucionalidad del decreto por afectar la propiedad privada, aunque también se atacará la cuestión jurisdiccional, intentando demostrar que el Poder Ejecutivo Provincial no tendría facultades para retener, confiscar y disponer de buques pesqueros de matrícula nacional" y que "a lo sumo podría quitarle las licencias de pesca cedidas por Santa Cruz".
 De acuerdo con el articulista podría iniciarse de esta manera una "extensa batalla en los tribunales provinciales y del fuero federal, al punto que los accionistas de la pesquera estarían dispuestos a llevar sus reclamos hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación de ser necesario". Esto podría implicar, siempre en el potencial de la nota, una demanda multimillonaria hacia el estado provincial.

 Gobierno español
 "Es tal la magnitud del hecho que el gobierno español podría formalizar, en los próximos días, una queja ante la Cancillería Argentina por la afectación de los capitales ibéricos de cuya propiedad es la sociedad Vieira Argentina", agrega Saldivia, citando parte del texto del decreto firmado esta semana por el gobernador Daniel Peralta: "Dispónese la intervención transitoria de la filial local de la firma Vieira Argentina SA, la que incluirá los establecimientos principales, la planta de procesamiento de productos de mar e inmuebles conexos, los buques pesqueros y la totalidad de los bienes útiles por un plazo de 60 días con posibilidad de ampliarla por el plazo que sea necesario, con el fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa y la preservación de sus activos, y procurar la preservación de las fuentes de trabajo”, conviniendo que “la Honorable Cámara de Diputados ha iniciado el trámite legislativo correspondiente a los fines de debatir un proyecto de Ley por el que se declare la utilidad pública y sujeta a expropiación al establecimiento instalado en Puerto Deseado”.