Nota de Vieira a Cotillo
Piden a la Legislatura que no apruebe la expropiación y la intervención
Previamente a la sesión extraordinaria convocada de la Cámara de Diputados provincial, el directorio de Vieira Argentina remitió una extensa nota a su titular, Fernando Cotillo, y a los presidentes de los respectivos bloques, fundamentando su oposición al proceso expropiatorio. "Algunas veces la invocación de los intereses sociales es una pantalla que encubre la defensa de intereses políticos o individuales", afirman.
El presidente de Vieira Argentina, Daniel Badens, reconoció en el texto enviado al vicegobernador Cotillo, que "es cierto que ante la crisis de una empresa la preocupación del Estado no debe limitarse sólo a realizar sus bienes con justicia distributiva dentro del conflicto de créditos existentes, debe interesarse por la suerte de la empresa como centro de riqueza y producción (porque de ello depende la suerte de los puestos de trabajo que genera aquella", planteando que "tampoco se puede pensar en un procedimiento nuevo donde los acreedores estén degradados en nombre del interés social que se intenta proteger, y donde el poder judicial se ve sustituido por el poder ejecutivo, situación ésta que nos conduciría a una total desjudicialización del derecho societario y concursal, convirtiéndose en un sistema administrativizado".
"La intervención de una empresa en situación de crisis no deben fundamentarse en falsos milagros (véase cómo terminó el caso de expropiación de la planta de Barillari en Santa Cruz) sino en una eficaz "tutela de los acreedores" y no en intervenciones coyunturales y episódicas", sostiene el texto, para añadir que "algunas veces la invocación de los intereses sociales no es más que una pantalla tras la cual se encubre la defensa de intereses políticos y más aún, lamentablemente, intereses individuales, todo lo cual resulta muchas veces muy difícil de delimitar".
Libertades
Para el titular de la pesquera "el absolutismo intervencionista tiene un alto precio: la pérdida total de libertad económica, del derecho de propiedad y más en general, de la libertad".
Menciona luego que "en la esfera del derecho privado el único que puede disponer la intervención de una empresa es el poder judicial", citando el artículo 113 y siguientes de la ley 19.550.
El caso Greco
El escrito remitido a Cotillo cita luego que "para encontrar antecedentes de intervenciones extrajurisdiccionales de empresas privadas hay que remontarse a la dictadura militar", y recuerda que "el grupo Greco (Banco de los Andes y 35 bodegas propias) comenzó a caer arrastrado tras la corrida bancaria del BIR" y que "por ley de facto de junio de 1980 el gobierno interviene y desapodera a los Greco de todas sus empresas. Luego el genocida Jorge Rafael Videla argumentará que se realizó "en virtud de las graves implicancias que las conductas de los mencionados tienen para la economía nacional y la moral pública, constituyendo un caso de subversión económica". Finalmente... el juez Francisco de Asís Soto establece en 2005 que los daños y perjuicios deberán ser compensados mediante la entrega de Bonos de Consolidación por un valor que supera los 600 millones de pesos". Concluyen que "parece haber sido un buen negocio para unos pocos pero muy malo para el interés público".
El artículo 4
La nota firmada por Badens indica que "la administración Peralta optó por las vías de hecho para intervenir planta y buques, sin importar el proceso concursal en marcha de Vieira Argentina... y peor aún, basándose en una norma que ni siquiera estaba vigente en una norma que ni siquiera estaba vigente cuando la persona designada como interventor tomó posesión de la planta y frigorífico en Puerto Deseado".
Añade que "la HCD de Santa Cruz aún no se expidió sobre este decreto nro. 1737 del Gobernador Peralta, mediante el cual se intervinieron los bienes de Vieira en Puerto Deseado, pese a que se sometió su validez a la ratificación por ese cuerpo legislativo (art. 4°)".
Razona luego que "la crisis financiera de Vieira Argentina S.A. no es terminal, su intención es superarla y seguir siendo fuente de trabajo y riqueza para la provincia", acotando que "las medidas aquí cuestionadas empujan hacia el abismo a esta empresa luego de más de doce años de inversión en Puerto Deseado".
Pedidos concretos
Al solicitar a la Legislatura que "se rechace el proyecto de ley 310/12" y que "no se ratifique el decreto nro. 1737/12", afirma que ese cuerpo legislativo "no debería convalidar esta serie irregular de hechos y actos que no sólo generarán un precedente preocupante para otros emprendedores en la provincia, también entran abiertamente en conflicto con el poder judicial que interviene en el caso, siendo los activos de Vieira Argentina la única garantía que tienen los acreedores".
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