Mariana Zuvic y Luis Héctor González, con el patrocinio de
José Janezak, el jueves 4 del cte mes y año, presentaron ante el Juzgado Penal
en turno de la ciudad de Río Gallegos, una denuncia para que se investigue la
presunta comisión de los delitos de: Abuso de Autoridad y Violación de los
Deberes de Funcionario Público; Cohecho y Tráfico de Influencias; Peculado y
Malversación de Caudales Públicos; Exacciones Ilegales; Hurto; Estafas y otras
Defraudaciones; y Encubrimiento; contra el Gobernador Daniel Román PERALTA, el
Ministro de la Producción Lic. Héctor
Rafael GILMARTIN, el Subsecretario
de Pesca Sr. Omar Raúl MELLA y quien
también se desempeñó en ese cargo Sr. Juan Carlos BRACALENTI, el Sr.
Diego MARZIONI (“Interventor”), el Ministro de Gobierno Sr. Enrique Daniel
SLOPER, el Secretario de Trabajo
y Seguridad Social Sr. Luis Alejandro
SILVA MORALES, el Fiscal de Estado Dr. Iván Fernando SALDIVIA, el
Intendente de Puerto Deseado Luis Alberto AMPUERO, el empresario Luis JONES y
aquellos otros funcionarios y/o personas que pudieren resultar penalmente
responsables por haber sido partícipes de los delitos mencionados.
Fundamentan la
presentación ante la gravísima situación por la que atraviesan los trabajadores
de la empresa Vieira Argentina S.A. de Puerto Deseado, y la incertidumbre e
inseguridad jurídica generada por diversos actos y conductas desplegadas por
los funcionarios públicos involucrados y responsables de las decisiones que llevaron
al estado actual.
SÍNTESIS DE LOS
HECHOS DENUNCIADOS:
El 27 de Agosto de
2012, el Gobernador Daniel Peralta dicta el Decreto N° 1737 (Expte. MP-422,
198/12), por el que de manera arbitraria y violando el ordenamiento jurídico
vigente, dispone de un modo “de facto”, la intervención de la filial local de
la firma Vieira Argentina S.A. con sede en Puerto Deseado, designando al Sr.
Diego Marzioni en el cargo de “interventor”. Con fecha 05/09/2012 se sanciona
la Ley N° 3287 (promulgada el 17/09/12) que declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación en los términos de la Ley 21, las instalaciones y bienes
de la empresa mencionada.
A partir de ese
momento, sin tener la debida posesión judicial, el Gobierno Provincial a través
de sus funcionarios, dispuso de los bienes de la empresa Vieira como si fueran
propios.
Esta decisión del
Gobierno Provincial lejos de ser la solución al conflicto laboral y social,
agravó la situación y es que hasta la actualidad los trabajadores se encuentran
desamparados, sin obra social, ni aportes previsionales, ni ART, y cobrando de
manera irregular un “subsidio en negro”, que debe blanquearse de inmediato, ya
que de él depende la precaria subsistencia de más de una centena de familias.
Párrafo aparte
merece la insólita participación que se le dio al empresario Luis Jones, quien
inclusive ha manifestado públicamente en una entrevista radial (25/07/2013) que
funcionarios provinciales le habían solicitado una ayuda financiera para
colaborar y que por tal motivo, dice haber puesto más de quinientos mil pesos sin poder explicar bajo qué concepto y en qué carácter, todo lo
cual debe ser objeto de la correspondiente investigación.
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