Repudios, solidaridad y reclamos al Tribunal Superior de Justicia

Después del "día de furia" en Puerto Deseado
El gremio reclama respuestas al TSJ y los fiscales responsabilizan a políticos

Francisco Gómez, secretario general del gremio de los judiciales a nivel provincial, visitó Puerto Deseado a mediados de esta semana tras los graves hechos ocurridos el jueves 13 de mayo tras la sentencia por el asesinato de Rodrigo Remolcoy. En esa tarde se produjeron numerosos daños en la sede del juzgado de primera instancia de la ciudad, como también en las viviendas particulares del juez Oldemar Villa, del fiscal Ariel Quinteros y del comisario Carlos Ayuso.

"Vinimos a interiorizarnos con más detalle de la situación y de cómo siguieron en los días posteriores", dijo, para revelar que "hay compañeros que están en una situación de angustia por lo ocurrido y con incertidumbre por su integridad física".
"Hemos estado analizando de qué manera se pueden manejar este tipo de situaciones, en caso de que este tipo de situaciones los sorprendan en su lugar de trabajo", prosiguió, señalando que "vamos a asumir una actitud de autodefensa de nuestra integridad física, con el respaldo gremial para decidir que en caso de un riesgo puedan retirarse de su lugar de trabajo".

Críticas al TSJ
El dirigente sindical manifestó que "hemos advertido una falta de interés por parte del Tribunal Superior de Justicia y de aquellos funcionarios que tienen la facultad y la obligación para asumir actitudes protectivas del personal y de los bienes del estado". "Solamente se han dedicado a reparar los vidrios y para nada se han interesado en la situación emocional de los compañeros", criticó.
Gómez aclaró que "nosotros defendemos y aprobamos todo lo que tiene que ver con la expresión, el derecho de peticionar y de manifestarse, pero repudiamos los hechos de violencia". "Nosotros hemos participado en manifestaciones pero nunca provocamos ningún hecho de violencia", acotó.

Responsabilidades
En declaraciones a medios locales, el titular del gremio puntualizó que "el empleado judicial no condena, no sobresee ni archiva" y que "las decisiones pasan por otro lado". "Nosotros cumplimos un rol importante dentro del Poder Judicial para que esto funcione de la mejor manera, pero todo lo que tiene que ver con la política judicial no es competencia nuestra", insistió.
Tras admitir que "lo que está puesto en cuestionamiento es la justicia, más allá de que en este caso se le pueda poner el nombre de un funcionario u otro", reiteró que "los trabajadores del juzgado de Puerto Deseado son vecinos de la localidad, tienen participación social en instituciones y tiene que quedar en claro que no son culpables de las malas decisiones que puedan llegar a tomar los funcionarios judiciales".

Falta nombrar juez y defensor
Francisco Gómez comentó que estos hechos van a ser expuestos ante el Tribunal Superior de Justicia, en el sentido de "la sensación de inseguridad y desprotección que sienten en este momento", y anticipó que van a "impulsar la solución a otros problemas que existen en el ámbito de Puerto Deseado, y que repercuten en el servicio que se brinda". Entre los temas a resolver apuntó que "acá falta un juez, falta defensor, faltan empleados, y esas son cuestiones a plantear porque afectan al servicio de justicia". "Queremos que la sociedad empiece a notar que en Deseado la justicia empieza a dar respuestas", concluyó.

Compañeros de trabajo
Mediante una nota, los integrantes de los Ministerios Públicos de la ciudad expresan: "nos solidarizamos con nuestro compañero de trabajo Horacio Ariel Quinteros y su familia, por los hechos acaecidos en su vivienda particular el día 13 de mayo de 2010 en horas de la tarde". "No justificamos acto de violencia alguno, ni podemos entender la desmedida reacción y ensañamiento de algunas personas para con la familia Quinteros". El texto lleva las firmas de quienes se desempeñan en esa área del juzgado: Juan Carlos Silva, Romina G. Fachetti, Marcos Pérez Soruco, Susana Starosielsky, Claudia Leal, Jorge Omar Orona, Marta Mesa Chamba y Mabel Castagno.

Fiscales santacruceños
En este mismo sentido, la Asociación de fiscales de la provincia expresaron también su “más vehemente repudio a laas agresiones sufridas por nuestro colega y asociado, el doctor Horario Ariel Quinteros, fisal de Puerto Deseado y el doctor Oldemar Antonio Villa, Juez de Instrucción de esa ciudad el pasado 13 de mayo”. El documento emitido expresa además que “esta agresión es el resultado de la estrategia mediática de algunos sectores que pretenden responsabilizar a la justicia por la situación de inseguridad que sufrimos los ciudadanos, cn el objeto de agregar confusión al miedo y evitar de esta manera que se identifiquen con claridad las causas reales de la violencia y el delito”.

Responsabilizan a políticos
Además sentenciaron que “la intolerancia frente a ciertas resoluciones no puede justificar todo, la ‘justicia del pueblo’ lejos de dar a cada uno lo suyo, no tiene reglas ni modos, menos aún cuando es agitada o apoyada por representantes del pueblo que confunden justicia con venganza pensando que la política es un cheque en blanco para hacer cualquier cosa”.
Desde la Asociación de Fiscales sostienen además que “debe quedar claro que el Poder Judicial no hace las leyes, no fija la edad de imputabilidad, no dirige la policía y no debe prevenir el delito ni la marginación”. Finalmente la Asociación “desea expresar su solidaridad y pesar a la familia del doctor Quinteros y llama a las cabezas de los poderes del Estado a trabajar en conjunto y sin dilaciones, para preservar la paz social”.