Los representantes de Vieira SA y de New San SA aseguraron una inversión de 80 millones de pesos y garantía de continuidad laboral de los trabajadores. Desde el Ministerio de la Producción reconocieron el alto costo de la intervención para la provincia, pero piden que opine la sociedad de Puerto Deseado. Los diputados impulsaron que las partes lleguen a un acuerdo que no perjudique a la provincia y no tratarán la derogación hasta tanto esto no ocurra.
Miercoles 24 Sep 2014
Ayer hubo una reunión ampliada de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Legislatura Provincial. Allí sus integrantes, los diputados Roberto Fernández, Carlos Albrieu, Rubén Contreras, Pedro Vinett, Miguel Guanes y Sebastián Gatti (FVS.PJ) y el radical Héctor Roquel, se reunieron con el ministro de la Producción Harold Bark, Claudio Guida de Vieira S.A., Guillermo Parodi y Miguel Glikman, ambos de la empresa New San S.A., oportunidad en la que analizaron alternativas sobre la pesquera expropiada en cuanto a su administración e inversión.
Es así que desde New San S.A. aseguraron que, de poder avanzar en un acuerdo con la provincia y Vieira, realizarían una inversión de 80 millones de pesos, además de garantizar la continuidad laboral y años de servicio de los trabajadores, como así también sobre la comercialización del producto, destacando su experiencia en asociatividad con economías regionales a las que brindan apalancamiento financiero, management y mercadotecnia.
Plantearon a su vez la vocación de equilibrar su balanza comercial de acuerdo a las políticas de Estado del Gobierno Nacional y, en ese aspecto, manifestaron la oportunidad que tienen de exportar producto por 40 millones de dólares anuales desde Puerto Deseado.
Por su parte, el responsable de la cartera productiva, Harold Bark aseguró que “la provincia no puede seguir afrontando los gastos de la empresa”, en alusión al sostenimiento de los 130 trabajadores, sus gastos de mantenimiento, y no cuenta con el capital necesario para la posible puesta en funcionamiento, una vez finalizado el proceso expropiatorio, por lo que respecto de dicho retroceso “es una decisión en la que la sociedad tendría que expresarse”, aseguró.
Los diputados plantearon la necesidad de que el Poder Ejecutivo active los mecanismos necesarios para arribar a un acuerdo que permita la inmediata puesta en producción de la empresa, para evitar de esta forma “seguir generando incertidumbre no sólo a los trabajadores, sino también en los proveedores que aún mantienen cuentas sin cobrar previo y durante el proceso de expropiación, independientemente del acuerdo que se alcance con esta empresa o con otro posible inversor”.
Finalmente, el presidente de la bancada mayoritaria, Leonardo Álvarez, señaló que “desde la Legislatura no vamos a avanzar en ninguna acción hasta tanto desde el Poder Ejecutivo no se realicen los acuerdos necesarios para evitar acciones legales contra el Estado por parte de Vieira, se garantice la continuidad laboral de los trabajadores, además de su inmediata puesta en producción”.
Cabe recordar que la empresa presentó una nota en la que pidió formalmente a los legisladores que deroguen la declaración de utilidad pública de la planta de Vieira en Puerto Deseado, cese la intervención de la misma y se dé marcha atrás con el proceso de expropiación iniciado hace dos años y por el cual la provincia depositó 8 millones de pesos en la Justicia.
LA OPINION AUSTRAL
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