Causa judicial contra funcionarios de Puerto Deseado/ HABLO EL FISCAL AMAYA

"No entiendo por qué tanto escándalo", sostuvo el fiscal ad hoc César Maya
 El abogado caletense César Amaya, designado "fiscal ad hoc" en la causa por denuncias contra dos funcionarios del municipio, reconoció que "se ha generado un revuelo mediático, político y social" por los allanamientos realizados esta semana. Su designación se debe a que el fiscal Ariel Quinteros se excusó debido a que su esposa es asesora jurídica de la municipalidad.

 "No entiendo por qué tanto escándalo, ya que acá el juez ha tomado una medida que, investigando un delito que puede llegar a afectar al patrimonio público de los deseadenses y ha llevado adelante una medida con energía y con rapidez", opinó Amaya, aclarando que "estamos bajo el secreto del sumario, una regla que tiene la investigación penal para impedir que por filtraciones de la causa, los posibles delincuentes tengan la posibilidad de escabullirse u ocultar pruebas".
 En este contexto admitió que el expediente judicial "tiene cierta antigüedad, pero a veces el juez de instrucción, para poder aplicar algunas medidas, tiene que tener indicios y elementos que puedan llevar a la verosimilitud del hecho", señalando que "cualquier ciudadano puede formular una denuncia, pero la Justicia de instrucción recién empieza a tomar medidas más serias y profundas a medida que se le acerquen elementos de convicción para acreditar la verosimilitud".

 Allanamientos
 Relató que "la única medida que ha sido pública es el allanamiento, donde el Juez instructor va a la búsqueda de documentación que pueda acreditar la posibilidad de comisión de un delito", recordando que "un ciudadano deseadense, constructor y adjudicatario de obras alega haber sido presionado o intimidado por determinados funcionarios públicos para que desista de una obra que le fue adjudicada, habiendo ganado con el mejor precio".
 "Los motivos o los móviles por los que se produce ese apriete, si es que así se consumó, qué elementos de prueba tiene el ciudadano para demostrar sus dichos, que involucran a funcionarios en el ejercicio de sus funciones, son materia de la investigación, por lo que la Justicia determina el allanamiento", sostuvo Amaya, aclarando que "una medida de allanamiento en una oficina pública tiene que ser súbita, imprevista, no dando tiempo a nadie". "Felicito al doctor Oldemar Villa por haber tomado esa medida", remarcó.

 El arrepentido
 En este contexto declaró que no hay imputados ni procesados en la causa, lo que dependerá de la evaluación de las pruebas obtenidas. "Si llegara a haber imputados, el Juez los cita a declaración indagatoria, que es un acto muy importante, porque la persona hace su descargo, asistida por un abogado y luego de esa declaración indagatoria el magistrado tiene diez días para decidir si los procesa o los sobresee o decreta la falta de mérito", explicó.
 "Estos delitos de fraude al Estado casi nunca pueden ser desentrañados porque hace falta una pata; la pata que hace falta que surja es el arrepentido, el hombre que informa que le pasó tal cosa, que hizo tal cosa... y debo decir, sin romper el secreto del sumario, que acá hay una persona que habla de algo importante que tiene que ver con el manejo de los fondos públicos", reveló.
 Aclaró, sobre este punto, que la carátula del expediente es "Córdoba Arístides Roberto Sergio sobre denunciante", por lo que "hay un denunciante que nos anoticia sobre determinadas irregularidades, y por eso digo que el denunciante puede ser el arrepentido, o el damnificado, o el ciudadano que se anima a denunciar lo que vio".

 Subalternos y superiores
 Consultado sobre las declaraciones del intendente Luis Ampuero, que había aclarado que no estaba dentro de la causa, Amaya dijo que "forma parte de la investigación", indicando que "cuando hay una órbita piramidal como es la estructura del Estado, puede haber subalternos que están involucrados en un delito, y puede haber superiores que conozcan o no las cuestiones de los subalternos". "Obviamente lo que correspondería, en el caso de un buen intendente o un buen gobernador, ante la posibilidad de sospecha que un subalterno con poder está sometido a este tipo de indagaciones yo entiendo que debería suspenderlo de inmediato en sus funciones y ordenar que se ponga a plena disposición de la Justicia hasta que su responsabilidad sea dilucidada", concluyó.