ALLANAMIENTOS JUDICIALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES/ AMPUERO CONSIDERA QUE HUBO "LLAMATIVA INTENCIONALIDAD" EN EL PROCEDIMIENTO

El Juzgado de Primera Instancia de Puerto Deseado investiga desde hace más de un año las denuncias formuladas por el constructor Arístides Córdoba contra dos funcionarios municipales. Esto derivó en un inusual operativo judicial, realizado el lunes. Funcionarios judiciales, encabezados por el juez Oldemar Antonio Villa, verificaron documentación e incautaron computadoras y celulares en varios edificios.

 Los allanamientos se produjeron en el edificio municipal, en la Secretaría de Obras Públicas, el Concejo Deliberante y en la sede del Club de Leones, donde habría un depósito de documentación del Concejo. Todo comenzó sobre el mediodía del lunes, coincidiendo en forma casual con la visita de personal del Tribunal de Cuentas de la Provincia, que efectúa controles de rutina sobre las cuestiones financieras de la comuna.
 El intendente Luis Ampuero reconoció que el procedimiento encabezado por el juez Villa está relacionado con "una causa que me leyeron a través de la denuncia de Arístides Córdoba, señalando en esa causa que está ligada al municipio por supuesto porque es  una de las obras, que hay una denuncia que es una obra municipal donde señala directamente en contra del secretario de Coordinación General y el secretario de Obras Públicas en la cual pide interferir en estas áreas de la municipalidad para obtener los elementos o datos necesarios que seguramente deben necesitar para el expediente".

 Sorprendido
 Al cuestionar la modalidad del allanamiento, Ampuero adujo que "nosotros jamás nos hemos negado a nada. Con la justicia es continuo el pedido de información administrativo y colaboramos siempre cuando la justicia nos ha demandado algún tipo de información". "Lo que me sorprendió -dijo- es la manera, porque participó con nosotros en la reunión nuestra asesora y fue claro cuando le dijo que, si bien el tiene la facultad porque es el juez, lo podía haber solicitado por escrito y nosotros en el tiempo prudencial que ellos nos soliciten podríamos haberlo mandado pero nos dijo que lo tenían que hacer en el momento y a partir de allí se trasladaron seguramente por donde pudo haber pasado el expediente que era Hacienda, Coordinación General, Obras Públicas y el Concejo Deliberante".
 En este contexto manifestó que reclamó una pronta devolución de los elementos secuestrados. "hay en los elementos que ellos vinieron a solicitar cosas que nosotros también necesitamos para seguir funcionando porque un CPU o un teléfono es necesario para el funcionamiento de todos los funcionarios y me dijo que en el termino de 24 a 48 horas lo iban a devolver porque era lo que necesitaba él para extraer lo que estaba solicitando".

 Elementos secuestrados
 El Juzgado retiró del municipio computadoras, celulares y documentación del secretario de Coordinación, Oscar Rain, de la secretaria de Hacienda y del secretario de Obras Públicas, José Vargas. El intendente, que delegó la tarea de acompañar a los funcionarios judiciales en su secretario de Gobierno, Juvenal Díaz, indicó que "seguramente han sacado copias de los expedientes de las licitaciones o adjudicaciones de las obras en cuestión pero se le ha otorgado todo como corresponde". Insistió en que "a nosotros lo que nos llamó la atención es que fue así, de esta manera, y por eso vamos a hacer una petición al tribunal superior de justicia por la llamativa intencionalidad que creemos que produjo esto y seguramente el tribunal se va a expedir si corresponde o no, si hubo o no exceso de sus facultades en cuanto a esta situación hacia la institución municipal que generalmente se trabaja en conjunto".

 Cuestionamiento
 En este sentido criticó "ese acceso tan repentino y no dejar salir o entrar a la gente de la municipalidad una hora, no sé cuanto estuvieron, donde tranquilamente podían hacerlo de otra manera pero siempre yo tengo esa sensación y el juez tiene sus facultades que yo no las voy a discutir por supuesto".
 Explicó luego: "yo tuve la posibilidad de atenderlos y firmar lo que corresponde para que voluntariamente ellos retiren lo que corresponda porque a partir de allí seguramente las personas involucradas que son el secretario de coordinación a través de su abogado y el de obras públicas, José Vargas, a través de su abogado irán determinando los pasos a seguir en el aspecto judicial".
 El intendente reiteró que la denuncia "no es sobre el municipio en particular ni mi persona, sino que es una denuncia que hace Arístides Córdoba que era una constructora que trabajaba con la municipalidad con respecto a una obra y la determinación de la adjudicación de esa obra. A partir de allí seguramente tendrán sus razones y nosotros en la posibilidad que le dimos ayer a la justicia de retirar esa documentación. Seguramente irán determinando y Oscar Rain y José Vargas como representante y funcionario de áreas ligado directamente a este tipo de licitaciones o adjudicaciones tendrán sus defensas a través de sus abogados".