COMODORO RIVADAVIA/ DENUNCIARON QUE TREINTA TRABAJADORES VIVIAN EN UNA PLANTA PESQUERA Y SUFREN MALOS TRATOS

Alfredo Viltes, José Soto y Carlos Flores miembros de la comisión directiva del Sindicato de la Pesca y la Alimentación participaron ayer de la inspección en la que formaron parte distintos organismos que buscan determinar la existencia de trabajo precario en la firma Protesur, lo que afectaría a 67 trabajadores de los 90 que tiene en la actualidad esa empresa.
De la inspección participó personal del Ministerio de Trabajo de la Nación, de la Secretaría de Trabajo de Chubut, Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección Nacional de Migraciones y Prefectura Naval.
“Del caso de 28 trabajadores dijeron que estaban contratados, pero la realidad es que tampoco se les hacen los aportes. No tienen obra social ni seguro. Pero además hay unos 30 los que trajeron de otra provincia y los tienen viviendo en la planta”, denunciaron los gremialistas.
Flores indicó que durante la inspección “cuando estaban los funcionarios trabajando, descubrimos que habían tres compañeros escondidos en las cámaras para que no sean detectados. Por este tipo de cosas se decidió hacer una inspección conjunta de todos los organismos y esto es ejemplificador para los demás que no cumplen como tiene que ser”, subrayó.

PEDIDO DE CLAUSURA
En este marco los dirigentes señalaron que pretendían que en el acta labrada por la Secretaría de Trabajo obrara la clausura de la empresa hasta que regularice la situación. Sin embargo, que “cuando quisimos hacer nuestro planteo como sindicato, los inspectores ya se habían ido. Ahora vamos a tener que ir mañana (por hoy) a las 8 a hacer nuestro descargo y pedir esto, pero también que a la gente que está viviendo en la obra se le pague un hotel porque no es posible que vivan así”, expresó Flores.
En este marco, el gremio también reclamó que la firma Protesur “no cumple con el convenio colectivo de trabajo 372/04, ni con el acuerdo que se firmó el año pasado cuando por falta de pago de haberes se denunció a la empresa. En esa oportunidad se comprometió a pagar lo adeudado a los trabajadores y nunca se hizo”, indicó Viltes.
A la vez, Flores recordó la existencia de denuncias por malos tratos. “La gente llega llorando al sindicato porque se los maltrata permanente. Tenemos denuncias porque las mujeres no tienen derecho a la lactancia ni ningún otro derecho. Esto excede todo lo visto hasta ahora. Cuando planteamos que la gente no podía vivir ahí, salieron diciendo desde la empresa que el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria) los había autorizado”, sostuvo.

DIARIO PATAGONICO