Lo hizo en plena ebullición electoral, a 48 horas de las legislativas, dejando mucha tela para cortar, o en todo caso, para investigar por parte de la Justicia, como negocios en connivencia entre empresarios de la pesca con la provincia.
Mella apuntó directamente al ministro de la Producción, Rafael Gilmartin, a la diputada provincial Selsa Hernández y al empresario caletense Luis Jones.
El funcionario fue más allá de las supuestas mejoras que buscaba en los puertos, para controlar la salida de la materia prima y que habrían molestado al punto de designarle una estructura para quitarle autoridad, al denunciar que la provincia a través del Ministerio de la Producción, tiene “un convenio de locación por un buque propiedad de la provincia a un empresario que es Luis Jones, por un valor de $ 5 mil por mes, que vale el alquiler de un departamento”.
El funcionario advirtió que “un buque es una unidad productiva, que en este caso está alrededor de $ 1,8 millones y este empresario tiene la posibilidad de que transcurrido el 70% de la locación, puede hacer opción de la compra en $ 400 mil”. “Sería importante que el Ministerio de la Producción de la Provincia dé explicaciones sobre este bien de la provincia, que se utiliza para enriquecer a un empresario”, aseveró.
El funcionario advirtió que la Justicia tendrá que investigar y aseguró que el Gobierno provincial le estaba “entregando mi cabeza a un empresario”, lo que consideró “vergonzoso”. “Para alguien que ha sido una persona que ha estado en permanentes reclamos con los trabajadores, es muy difícil callarse la boca porque se pueden molestar algunos intereses, y menos, tener que arrodillarme y esperar a fin de mes para cobrar mi sueldo, no estoy acostumbrado a eso”, añadió.
Mella sentenció que “Jones es socio de la provincia y eso es lo lamentable, porque de hecho, está alquilando una unidad productiva y ha puesto una importante suma de dinero en la empresa Vieira, pero nadie se tomó el trabajo de controlar en qué situación tributaria está con la provincia”.
Añadió el funcionario que “Marzioni es el brazo ejecutor de la diputada Hernández, que utiliza al Estado como una industria del empleo, lo hicieron en Vieira con el ingreso de gran cantidad de personal, lo han hecho en minería y en pesca”.
Y que en representación de la provincia, “obviando todo poder de decisión que tiene la Subsecretaría de Pesca” se comprometió en nombre de la provincia, mediante un acta de intención ante la empresa Yaganes que en caso que se haga cargo de Vieira, “le otorgará los cuatro permisos de pesca para centolla, aprobarle el proyecto productivo en Caleta Paula y de otorgarle todos los barcos que tiene Vieira, menos los dos que tiene alquilado Jones”.
Las medidas. El funcionario se refirió a una respuesta a las medidas tomadas por él, y que molestaron al empresariado, cuando dijo que estaba tratando de establecer controles en lo que hace a las capturas que realiza cada una de las flotas, lo que logró únicamente en Puerto Deseado, pero no en Caleta Paula, “para que el canon que cobran por la captura no sea sobre lo que únicamente ellos informan”.
Afirmó que pretendía hacer un convenio, pero que “el Ministro de la Producción me dijo que eso no era facultad de la Subsecretaría de Pesca”, y se preguntó cuál sería su facultad, si las medidas tenían que salir por decreto provincial.
Asimismo agregó que iba a implementar las guías de tránsito, “ante la sospecha desde hace años que se está enviando la materia prima, pescado sin procesar, sosteniendo con el recurso pesquero de Santa Cruz una gran cantidad de puestos de trabajo en Mar del Plata”.
Mella explicó que “con estas guías de tránsito, más la instalación de balanzas en el puerto de Caleta Paula, nos iba a permitir tener los datos concretos de cuánto captura la flota amarilla, cuánto se procesa en Caleta Paula, en Puerto Deseado, y si realmente se estaba enviando materia sin procesar o semi procesada”, lo que a su entender “molestó a algunos empresarios que quieren generar un paraíso similar al de Mar del Plata, con una precarización laboral terrible instalada en Caleta Paula, tanto en la estiva chica como en la marinería”.
Contó como experiencia de marinero que “la marinería de la flota pesquera era la que mejor paga estaba, mucho más que los pescadores de langostino, porque el esfuerzo es muy grande, el sacrificio es mucho más y las condiciones laborales del mar terrible, por eso se reconocía, pero hoy son los menos pagos”. Y dijo que el Estado, que tiene que controlar a través de la Secretaría de Trabajo y el Ministerio de la Producción, “está totalmente ausente”.
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