EL ORDEN DIGITAL

viernes, 11 de octubre de 2013

SE SUSPENDIO LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE SANTA CRUZ Y SE DESATO LA POLEMICA

Pese a que el temario a tratar en la sesión ordinaria de ayer era prácticamente intrascendente, la decisión de suspenderla cayó mal en los legisladores del PJ y de la UCR que se habían apersonado, en horario, en el recinto para cumplir con la convocatoria.
Es que ninguno de los dos sectores fue informado, previamente, de la resolución de Presidencia, firmada por el vicegobernador, que disponía la suspensión de la sesión por “carecer de los servicios y consignas habituales de personal policial a efectos de garantizar la seguridad de la sesión ordinaria”.
Sin embargo, en el edificio había al menos media docena de efectivos policiales y no existía presencia de público en las gradas como para avizorar algún peligro. 

Por una firma
Pero lo que realmente desató la polémica y el cruce de declaraciones fue el hecho de que la resolución contenía la firma del vicegobernador cuando, en el horario de la sesión, este estaba participando de la presentación del Multipropósito del Lago Buenos Aires en Puerto Deseado. 
Ante la pregunta de La Opinión Austral, vía tuit, el vicegobernador Fernando Cotillo aseveró que firmó la resolución de suspensión de la sesión ordinaria la noche anterior. Y también dijo que él había sido notificado que desde ayer, 10 de octubre, debía hacerse cargo del Poder Ejecutivo Provincial, “porque el gobernador estaría fuera de la provincia y sin embargo está en Los Antiguos” sostuvo Cotillo.
Ante la consulta de este interrogante por parte de LOA al diputado Alejandro Victoria, éste señaló que el gobernador tenía previsto y cumplimentó una reunión con el alcalde de Chile Chico, Lupertino López, ayer por la mañana.
Este encuentro se concretó en la localidad del país trasandino, “por lo que al salir del país, aunque sea por unas horas, el gobernador está obligado a notificar al vicegobernador de su ausencia” dijo el diputado de Puerto Santa Cruz.
Alejandro Victoria, presente en la Legislatura, aseguró que había unos doce policías para poder sesionar y lanzó: “no tenía (Cotillo) porqué pedir la suspensión, cuando él estaba a cargo del Ejecutivo. En todo caso Gómez Bull debió hacerlo, pero sin excusas vergonzosas”, lanzó.
La notificación a la que hacía referencia primero Cotillo y después Victoria, tiene fecha 7 de octubre, y en ella el gobernador asegura que desde el 10 de octubre por motivos “de agenda oficial” estaría fuera del territorio provincial. Algo que en realidad no ocurrió, ya que el gobernador ayer estuvo en Los Antiguos y hoy tenía previsto actos en Tres Lagos.
Pero más allá de esa situación, para Victoria, Cotillo debía prever su situación al frente del Ejecutivo, por lo que no podía estar firmando la resolución de suspensión de la sesión, “fue absolutamente improcedente” aseguró. Y agregó que lo que pasó en el recinto fue mostrar “la peor cara de la política, se están burlando de la gente”, agregando que “la campaña pasa por otro lado”.
Coincidente con Alejandro Victoria, el diputado Héctor Roquel (UCR) aseguró que “estaban dadas las condiciones para realizar la sesión”, y dijo que había policía en el lugar y que lo que en verdad faltó fueron “diputados”, criticando la decisión del vicegobernador de suspender la sesión.

Consecuencia
favorable al Gobierno
Con la suspensión de la sesión de ayer se produjo una consecuencia inesperada que juega a favor del Gobierno Provincial. Es que cuando una ley es vetada, existe un plazo determinado para que la Cámara de Diputados la insista o acepte el veto. Si el plazo se cumple y el tema no es tratado en el recinto, el veto queda firme, automáticamente.
Con ello, ayer, quedó anulada la ley que propiciara el diputado y presidente del Bloque del Frente para la Victoria, Rubén Contreras, por la cual se limitaba al Poder Ejecutivo Provincial el pedido de adelantos de regalías obligándolo a pedir autorización a la Legislatura en forma previa.
Es que el veto firmado por el gobernador tomó estado parlamentario el 12 de septiembre y la Cámara tiene 30 días corridos para aceptarlo o insistir con el texto original. Al no tratarlo, el veto queda “aceptado”, lo que ocurriría, en forma automática mañana sábado.

LA OPINION AUSTRAL

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