EL ORDEN DIGITAL

lunes, 27 de septiembre de 2010

Abogados reclaman que se cumpla el fallo de la Corte Suprema

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) volvió a pedirle al Gobierno santacruceño que reponga en su cargo al ex procurador Eduardo Sosa. Asimismo recordó que el fallo de la Corte Suprema que ordenó esa medida no afecta la división de poderes.


La AMFJN le reclamó al Gobierno de provincia “el acatamiento inmediato” de la resolución y sostuvo que “el carácter de cosa juzgada de esa decisión no da lugar a discusión alguna que pretenda exhibir una diferente apreciación con lo resuelto por el más Alto Tribunal de la Nación”.

“La decisión de intervenir en el conflicto, adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue consentida por la provincia demandada, lo que aleja toda sospecha de afectación al sistema federal o al respeto de la división de poderes que constituyen la estructura básica del sistema republicano y democrático de gobierno”, explicó la entidad.

En ese marco, agregó que la división de poderes exige “de las autoridades políticas el cumplimiento a las órdenes emanadas del Poder Judicial, al margen de toda intencionalidad política”.

Este lunes la AMFJN también había pedido el “acatamiento ineludible” del fallo y dijo que “es obligación de todos los poderes públicos y de todos los habitantes de la Nación el estricto acatamiento de las mandas judiciales”.





Abogados locales

Por su parte, en un documento emitido por la comisión directiva de la Asociación de Abogados de Santa Cruz, los letrados plantean su “preocupación” por “la postura asumida por el Sr. gobernador, al interpretar como un intento desestabilizador la orden emanada del máximo Tribunal de Justicia de la Nación, cuando la misma se dicta en el marco de una actuación judicial que ha garantizado el debido proceso a las partes intervinientes”.

También les preocupa “que el gobernador no cumpla con un fallo judicial, cuando juró cumplir y hacer cumplir la Constitución nacional y la Constitución provincial, debiendo velar por su vigencia plena, garantizando la forma republicana de Gobierno y la división de poderes”.

Por otra parte, los abogados, en el comunicado que lleva las firmas de su presidente, María Cristina Riera, la secretaria, Marcela Castro Dassen y Alejandro Ricardo Fernández, como vocal, también manifiestan su preocupación por “la confusión que se pretende instalar en la ciudadanía, al afirmar que el fallo es de cumplimiento imposible, cuando la propia Corte, desde su primera sentencia dio la solución al caso, sosteniendo la ilegalidad de la designación del Dr. Espinosa y, en consecuencia, la reinstalación del Dr. Sosa, en el cargo de fiscal, ante el Tribunal Superior de Justicia, lo que ha sostenido a lo largo del tiempo y en sus diferentes integraciones”.

Finalmente, expresan su preocupación “que se encuentre en riesgo la institucionalidad en nuestra provincia, producto de una dilación injustificada en el cumplimiento de la sentencia emanada de la Corte Suprema, exhortamos al gobernador a cumplir la sentencia judicial, disponiendo la inmediata reinstalación del Dr. Sosa a su legítimo cargo, y evitar así la posibilidad de una intervención federal innecesaria, garantizando la continuidad de la institucionalidad democrática”.
 
LA OPINION AUSTRAL

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